Revista Guatemalteca de Psicología Vol. 1, No. 1, Año 2022
ISSN: 2958-1524
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DOI: https://doi.org/10.57247/rgp.v1i1.101
investigación, extensión, administración, territorio e
infraestructura, planicación y seguimiento.
Las políticas se fundamentan en que históricamente
las personas con discapacidad se han encontrado
en desventaja para acceder a tres derechos
que constituyen los pilares del desarrollo: salud,
educación y trabajo (Adame, et al., 2016; Pérez-
Castro, 2021). La falta de garantía de estos
derechos produce exclusión y discriminación, las
cuales perpetúan el círculo perverso entre pobreza
y discapacidad (Tobar, 2013; Grech, 2016). En
conjunto estos tres derechos se conocen como
derechos conexos (IDHDES, 2014), debido a que
la lesión en uno de los tres indiscutiblemente afecta
el acceso a los otros. Diversos estudios (Brogna,
2006; FLACSO, 2014; Grech, 2016) plasman las
barreras existentes para que las personas con
discapacidad accedan al derecho a la educación,
tanto a nivel primario, básicos, diversicado y a la
educación superior.
En 2013, la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (en adelante, Flacso), hace referencia a
que la división de bienestar estudiantil rerió que
del 2011 al 2013, se recibieron 103 solicitudes de
exoneración de pruebas básicas por motivos de
discapacidad. En 2018, la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (en adelante Unesco), hace referencia
que, según la ocina de atención al estudiante
con discapacidad en la Usac, durante ese ciclo,
94 estudiantes solicitaron asesoría y exoneración
de las pruebas de primer ingreso, por motivos
de discapacidad. Estos datos permiten tener un
parámetro de cómo ha ido creciendo el número
de estudiantes que tienen alguna condición de
discapacidad. El ingreso de estudiantes con
discapacidad a la educación superior supone un
paso importante en procesos de inclusión social y
educativa, sin embargo, es necesaria la realización
de ajustes razonables para garantizar el ingreso, el
tránsito y el egreso de los estudiantes.
El enfoque de derechos humanos tiene principios
que fundamentan las acciones tendientes a
derribar barreras para el desarrollo de personas
que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
entre ellos se pueden mencionar: a) el principio
de la participación libre; b) el principio de
la responsabilidad; c) el principio de la no
discriminación; d) principio de empoderamiento, y,
e) principio de estándares mínimos de las políticas.
Estos cinco principios son orientadores para las
acciones que se desarrollen, ya que el n último
no es bajo una visión asistencial, que limite la
participación de la persona con discapacidad, todo
lo contrario, que sea un participante activo, dueño
de sus propios procesos de vida.
El enfoque de derechos humanos propone diversas
acciones para luchar en contra de la discriminación.
La cual se dene como la exclusión o restricción
por medio de acciones u omisiones con o sin
intención, buscan obstaculizar, impedir o anular
el ejercicio de los derechos humanos y libertades
fundamentales de personas y grupos discriminados
históricamente. En este sentido, es necesario
detectar las barreras a las que se enfrentan los
estudiantes con discapacidad: barreras para
acceder a la comunicación, a la información o a los
espacios físicos. Los ajustes razonables en cuanto
a la metodología utilizada, a las evaluaciones y otros
apoyos en el proceso de formación académica.
Brogna (2006), hace referencia a barreras
arquitectónicas, metodológicas, a la comunicación,
a la información y, a las actitudinales.
La implementación de las Políticas en la USAC
requiere poder implementarse de nanciamiento,
recursos y presupuesto. El proceso presupuestario
debería implementarse paralelamente a la
planicación realizada, considerar la temporalidad
del corto, medio y largo plazos, las coyunturas, los
contextos sociopolíticos y los ingresos y gastos
que pueda preverse o proyectar a futuro. Las
políticas deben contener una estructura que les
permita plantear un fundamento teórico, el cual
explica los conceptos clave de la esencia de la
política, orienta la discusión y se enmarca en un
paradigma del conocimiento. Un fundamento legal
que sustenta los compromisos del Estado y en
este caso particular, los compromisos de la USAC.
Un marco operativo, que plantee quienes son los