Copyright 2023 Mariano González
Recibido: 15 de abril de 2023
Aceptado: 07 de agosto de 2023
Publicado: 30 de agosto de 2023
No.6 Enero-Diciembre 2023
ISSN 2958-1648
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Escuela de Ciencias
Psicológicas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
https://doi.org/10.57247/riec.vi6.120
Cambios en la violencia política y el control social durante el conflicto
y la posguerra en Guatemala
Changes in political violence and social control during the conflict
and post-war period in Guatemala
Mariano González, docente de la Escuela de Ciencias Psicológicas, coordinador de la Unidad de
Investigación Profesional (UIP).
Este trabajo fue financiado con recursos del autor. El autor no tiene ningún conflicto de interés al
haber hecho este trabajo. Correo electrónico: mgonzalez@psicousac.edu.gt
Resumen. La violencia política ha tenido un peso fundamental en la historia del país, pero diversos
cambios sociales, políticos y económicos influyen en su extensión y expresiones. Un Estado
contrainsurgente la ejerció durante el conflicto armado (1960-1996) frente a la disidencia y la
insubordinación organizada por el movimiento guerrillero, pero también frente a la oposición política
legal y el movimiento social: organización campesina, indígena, sindical, estudiantil, religiosa y de
partidos políticos. Con la transición democrática, el fin del conflicto y los ajustes económicos
estructurales, el modelo económico ha cambiado y se ha configurado un Estado capturado, cooptado
y estructuralmente corrupto, por lo que las expresiones de violencia han variado y se producen en
situaciones más focalizadas (territorios y actores). El objetivo del presente ensayo es realizar un
contraste entre la violencia política ejercida por el Estado contrainsurgente durante el conflicto y la
ejercida por un Estado capturado, cooptado y corrupto en la Guatemala del siglo XXI, así como explorar
algunas de las formas de dominación ejercidas actualmente. Se puede afirmar que los niveles de
violencia política han disminuido, pero que la dominación se mantiene a través de un amplio conjunto
de mecanismos de control.
Palabras clave: Estado contrainsurgente, Estado corrupto, relaciones de dominación, control social.
Abstract Political violence has played a fundamental role in the country's history, but various social,
political, and economic changes influence its extent and expressions. A counterinsurgent State
exercised it during the armed conflict (1960-1996) against dissent and organized insubordination by the
guerrilla movement, but also against legal political opposition and social movements: peasant,
indigenous, labor, student, religious organizations, and political parties. With the democratic transition,
the end of the conflict, and structural economic adjustments, the economic model has changed, and a
captured, coopted, and structurally corrupt State has emerged, leading to varying expressions of
violence that occur in more targeted situations (territories and actors). The objective of this essay is to
contrast the political violence exercised by the counterinsurgent State during the conflict with the
violence exercised by a captured, coopted, and corrupt State in 21st-century Guatemala, as well as
exploring some of the forms of domination currently in place. It can be asserted that the levels of
political violence have decreased, but domination persists through a wide array of control mechanisms.
Key words: counterinsurgent State, corrupt State, relations of domination, social control.
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Introducción
Este trabajo discute la transformación de la violencia política y el desarrollo de otras formas de
dominación en la Guatemala del siglo XXI. En la medida que existan extensas condiciones de
explotación y de opresión, de discriminación y de desigualdades, en esa medida habrá
manifestaciones de descontento. A estas manifestaciones de descontento se les opondrán distintas
formas de violencia política. El proceso de producción del descontento se desarrolla al ritmo de las
nuevas formas de acumulación y dominación, de acuerdo a intereses del capital extranjero y nacional,
la configuración estatal y también de sus personificaciones más inmediatas en lo local que, en
conjunto, utilizan distintas formas de control para asegurar sus intereses.
En un contexto de confrontación social diferente, las expresiones de dominación adquieren
nuevas y variadas formas. Sin expresiones abiertas de disidencia o de insubordinación como las
ocurridas durante el conflicto armado, el control social se logra a través de mecanismos que incluyen
aspectos tan dispares como el extenso tiempo invertido en la satisfacción de las necesidades
materiales, el dominio político a través de un modelo corrupto, el miedo que genera los distintos tipos
de violencia, la interiorización del autocontrol y mecanismos más placenteros que ocupan el tiempo
restante y el interés de las personas, como el anhelo del consumo y de ciertos ideales de vida. Entre
la exigencia de satisfacer el conjunto de necesidades creado, así como la falta de un horizonte de
alternativas políticas de transformación, queda un menor margen para la disidencia y la organización
social y política que se pueda oponer a los abusos de poder, la corrupción y la impunidad que sostienen
el modelo que vivimos.
Este trabajo tiene su origen en el desarrollo de la línea de investigación ‘Violencia política y
nuevas formas de control social en la Guatemala del siglo XXI’ como parte del trabajo del autor en la
Unidad de Investigación Profesional (UIP) de la Escuela de Ciencias Psicológicas. Además, al presentar
la idea que la violencia política en el país ha disminuido, varios estudiantes de psicología social
señalaron que no se debía minimizar su peso y su papel en las condiciones actuales.
1
Esta discusión,
llevó a la necesidad de considerar el impacto que sigue teniendo la violencia política y de considerar
otros mecanismos de dominación que han asumido mayor peso.
Estado contrainsurgente y violencia política en el conflicto armado
Para Ruggiero (2009), la violencia institucional o ejercida ‘desde arriba’ se define como la que
crea leyes, establece sistemas y autoridades o que conserva, protege y refuerza la estabilidad del
sistema y la autoridad establecida. Mientras que la violencia antiinstitucional o ejercida ‘desde abajo’
se dirige contra la autoridad. Definir la violencia política como aquella que se produce en torno a la
instauración, protección o ataque frente a la autoridad, al sistema y o la legalidad existente, ofrece una
definición que permite distinguir este tipo de violencia frente a otras, como la violencia estatal,
delincuencial, simbólica, de género, etc. Por su parte, Figueroa (2012) considera que la violencia implica
una relación social de dominación entre quien la ejerce y la sufre. Por tanto, implica un ejercicio de
poder y es un acto político que puede ser utilizado tanto como dominación o resistencia.
La violencia puede ser un acto de dominación y un acto de resistencia. Como acto de
dominación, la violencia es un medio para imponer la existencia de privilegios derivados del
1
Ronald Solís, docente de la Escuela de Ciencias Psicológicas y encargado del curso de psicología política, invitó
al autor a presentar un texto sobre psicología política (González, 2022), de allí surgió la discusión a la que se alude.
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poder y la riqueza, mientras que como acto de resistencia es un medio para evadir o destruir
dicha imposición (Figueroa, 2012, p. 173).
De manera análoga al planteamiento de Torres-Rivas (2011) sobre las revoluciones, aquí se
adopta una perspectiva estadocéntrica respecto a la violencia política. Es decir, el Estado resulta un
eje explicativo de la violencia política. Tanto si la violencia política se ejerce ‘desde arriba’ o se ‘ejerce
desde abajo’, se relaciona con el poder del Estado. En Guatemala, el sistema económico y político se
ha construido sobre relaciones violentas, que necesitan de la violencia para mantenerse y reproducirse.
En distintos períodos históricos como la conquista, la colonia, la revolución liberal y el conflicto armado,
la violencia ha sido uno de los mecanismos fundamentales para asegurar el orden y control en unas
relaciones sociales profundamente asimétricas y desiguales. Guzmán-Böckler (2019) consideraba que
la situación de colonialismo que ha vivido el país a lo largo de los siglos es una fuente de violencia y
que la “violencia no sólo es la primera cara de la colonización sino su hilo conductor” (p. 140). La
situación neocolonial y la reproducción a lo interno del país, a través de la dicotomía ladino-indígena,
latifundio-minifundio, que ha prevalecido en la historia del país, necesitó de la violencia para asegurar
el dominio.
El régimen de dominación en Guatemala se ha caracterizado por ser autoritario y violento. La
violencia social y económica se ha expresado en la desigual distribución de la riqueza, el
acaparamiento de tierras y la desposesión de comunidades indígenas ancestrales, así como en
las diversas formas de trabajo forzado, especialmente en la mano de obra indígena, y su
discriminación estructural…La política se ha caracterizado por demostrar los mismos rasgos,
particularmente la disposición permanente a ejercer la violencia como medio de presión,
control e incluso comunicación entre adversarios (Thomas, 2013, p. 184).
Figueroa (2012) muestra, a través de un análisis numérico de ejecuciones extrajudiciales y
desapariciones durante el conflicto armado, que los períodos de mayor violencia estatal son los
períodos en los que se produce una mayor insubordinación. En otras palabras, el uso sistemático de
represión está relacionado con el “nivel de desobediencia o rebelión que encuentra en el seno de la
sociedad civil” (Figueroa, 2012, p. 183). Cuando se utiliza para crear terror en las víctimas y anular su
voluntad, se convierte en terrorismo, tanto si es usado contra el Estado o desde el Estado. Si se utiliza
sistemáticamente desde el Estado, se puede hablar de terrorismo de Estado, usualmente vinculado a
una estrategia contrainsurgente. El Estado puede convertirse en un “gigantesco criminal” (Figueroa,
2012, p. 174).
Durante el conflicto, existieron modalidades de terrorismo abierto, clandestino, selectivo o
masivo, utilizados para aniquilar la oposición política y la disidencia. Su expresión varió en función de
aspectos como el momento, el espacio (ciudad o campo), el actor encargado de la ejecución (ejército,
policía, escuadrones de la muerte, patrullas de autodefensa civil, comisionados militares) o las formas
(ejecución extrajudicial o desaparición forzada), siempre como respuesta a los ciclos de movilización
social y organización guerrillera. Hay que recordar el horror provocado de manera intencional y
sistemática por el accionar del ejército y otras fuerzas y actores ligados al Estado, lo que se evidencia
en los informes de memoria histórica (Comisión del Esclarecimiento Histórico, CEH, 1999; Oficina de
Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, ODHAG, 1998), así como en otros trabajos más
específicos sobre la extensión y el grado de crueldad utilizado en contra de la población, incluyendo
mujeres y niños. Existen diversos relatos del terror estatal aplicado en la ciudad y el campo, como los
ocurridos en el gobierno del general Lucas García (1978-1982) y que continuaron durante el gobierno
de facto de Ríos Montt (1982-1983):
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La represión se hizo entonces indiscriminada y se tornó genocida. En las salidas de la ciudad,
en los barrancos convertidos en botaderos de cadáveres, comenzaron a aparecer los cuerpos
masacrados, las manos atadas con alambre y profundos cortes de arma blanca en el cuello
(Payeras, 1987, p. 47).
Para Figueroa (2012), existieron dos grandes ciclos insurgentes en los períodos 1962-1967 y
1973-1982 y tres grandes olas de terror en los períodos de 1954, 1966-1972 y 1978-1983. Estas grandes
olas de terror se corresponden a períodos de insubordinación y tienen como finalidad, derrotar esa
insubordinación Entre 1973 y 1978 se generaron grandes luchas urbanas y rurales, cuya respuesta fue
una fase de terror selectivo que en los años 1978-1980 desarticuló el movimiento popular gestado
desde principios de los setenta. Entre 1978 y 1982 se produce una rebelión indígena en el altiplano del
país, organizada parcialmente por la guerrilla. La respuesta fue una ola de terror estatal a partir de 1979
contra la base social del EGP en Quiché, para continuar a finales del año 1981, y alcanzar su clímax en
el gobierno de facto de Ríos Mont. Este desarrollo permite apreciar que la violencia política es una
respuesta estatal a la organización social y al movimiento guerrillero. Su objetivo es la derrota del
movimiento revolucionario y la eliminación del liderazgo social y popular. La represión del Estado se
enfoca en la derrota de la guerrilla y su base social, pero también en golpear al movimiento social y
popular. La violencia que se desató contra el movimiento social y popular en la ciudad y la Costa Sur,
contra las estructuras militares de la guerrilla en la ciudad y la represión que incluyó una política de
tierra arrasada, masacres y reasentamiento de poblaciones del occidente del país, cumplió el objetivo
de derrotar a la guerrilla y desarticular a su base de apoyo social en el período crítico de 1980-1983.
Vela (2023) muestra la organización, planificación y sofisticación de unidades del ejército,
ligadas a la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, con el objetivo de capturar, torturar
y obtener información de la militancia guerrillera. Se refiere a la construcción de Centros Clandestinos
de Detención (CCD), llamados en el ejército como ‘centros de detención adecuados’, que tenían una
especialización funcional elevada y un alto grado de racionalidad para un ciclo de captura de
militantes, obtención de información y vuelta a la captura de militantes. Esto muestra que la
implementación y utilización de la violencia política en distintos momentos del enfrentamiento requirió
grados de organización y racionalidad muy altos. Esta violencia no se puede considerar una expresión
personal, de militares sádicos, sino una respuesta organizada y sistemática del ejército. Figueroa (2012)
concluye que el objetivo de este sistemático uso de violencia fue “desarticular a las fuerzas que se
oponían o buscaban subvertir el orden que reproducía la dictadura militar guatemalteca” (p. 187). La
utilización de un ‘complejo contrainsurgente’ compuesto de las fuerzas de seguridad y otros actores,
que utilizan mecanismos legales e ilegales de represión, se utiliza contra fenómenos de insurrección y
en nombre de la estabilidad nacional (López, 2018).
La creación de la categoría de ‘enemigo interno’ como construcción de una ‘otredad negativa’
(Feierstein, 2008a), fue central en el ejercicio de violencia dirigido contra un sector considerable de la
población: indígenas, campesinos, estudiantes, sindicalistas, políticos, insurgentes, comunistas o
simpatizantes. La construcción de este enemigo interno se evidencia desde la contrarrevolución de
1954, bajo la definición de comunista y de leyes que sancionaban su persecución (Vela, 2005). La
extensión del conflicto, hizo que
al menos tres generaciones de guatemaltecos estuvieron involucradas de manera directa e
indirecta en una prolongada guerra civil que costó decenas de miles de vida y en la que el
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ejército de Guatemala cometió actos de genocidio contra varios pueblos mayas (Sáenz, 2020,
p. 9).
Sin embargo, a partir del accidentado proceso que lleva a la firma de la paz en 1996 (Sandoval,
2013), se produce un descenso significativo de la violencia política. La visión de Bockler (2019), por
ejemplo, que surgió a mediados de la década de los setenta y en el momento de una reorganización
de la confrontación política, se debe revisar a la luz de la historia posterior, en la que se ha producido
una mercantilización de las relaciones sociales campesinas, ya no atadas a la finca (como
condensación de unas relaciones coactivas de producción y dominación). No es que la violencia
política haya dejado de existir. Se pueden observar distintos hechos de violencia política, pero su
número, sus expresiones y los actores que participan en ella (víctimas, victimarios y espectadores) se
ha transformado.
Un nuevo contexto social
Krujit (2015) señala algunos procesos similares en diversos países de América Latina durante el
período 1970-1990: fin de los conflictos armados, crisis económicas (con hiperinflación en algunos
casos) a los que se respondió con medidas de ajuste estructural, con los efectos de aumento de
pobreza, desigualdad, informalidad, desempleo y subempleo. Se redujo el tamaño del sector público
y su capacidad de prestación de servicios (salud, educación, seguridad). Se produjeron dos efectos: la
pobreza de amplios sectores de la población y la aparición de distintas formas de violencia,
especialmente en territorios urbanos. Por su parte, la guerra dejó como legado el uso de la fuerza en
la resolución de conflictos. Paradójicamente, esto ocurrió durante un período de transición a la
democracia. En algunos casos, esta transición estuvo tutelada por los militares, como en el caso
guatemalteco Los gobiernos no lograron prevenir y resolver los problemas de delincuencia común y
crimen organizado.
En Guatemala, las diferentes formas de violencia, incluyendo la delincuencial, han aumentado
en el período de posguerra, generando preocupación a nivel nacional. lo que demanda entender sus
dinámicas y lógicas particulares (González-Izás, 2016). La naturaleza de la violencia ha experimentado
cambios significativos. Según Mackenbach y Maihold (2015) “el desafío elemental no radica en la
violencia estatal o contraestatal, sino en aquella violencia no estatal que compensa, complementa,
socava o ignora al Estado (p. 3). Esto se evidencia en la falta de ideologías en las violencias actuales, ya
que no buscan mantener o reemplazar el orden establecido (Mariano, 2015).
A pesar de esta evolución en la naturaleza de la violencia, el Estado es clave por distintas
razones. En primer lugar, durante la transición democrática, no se logró consolidar un Estado de
Derecho sólido, ni se fortaleció adecuadamente su capacidad financiera. Esto provocó una disminución
de las capacidades de intervención en áreas fundamentales como salud, educación y seguridad. Existe
una debilidad crónica del Estado que imposibilita el ejercicio del monopolio del poder y da paso a una
violencia ‘difusa’ (Mackenbach y Maihold, 2015).
En segundo lugar, a la impunidad del conflicto armado -que permitió la existencia de actores
con experiencia y capacidad de ejercer violencia-, se añadió el surgimiento de nuevos actores de
carácter transnacional como el narcotráfico y las pandillas. Estos actores también pueden desarrollar
relaciones con la política, entre sí y con las comunidades de ciertos territorios (rurales y urbanos).
Además de los casos más evidentes del narcotráfico y las pandillas, también hay otros delitos como el
trasiego de vehículos robados o la trata de personas, que se vinculan entre sí.
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Un tercer rasgo es el de la privatización de la seguridad y la violencia. Esta tendencia se
manifiesta en la proliferación de empresas de seguridad y otros mecanismos de ‘securitización’, lo que
refuerza la idea que tanto la protección como la comisión de delitos se hacen al margen del Estado.
Un punto de vista distinto lo presenta Kunterbach (2015) cuando plantea que las causas y
efectos de la violencia en la región tienen un carácter político. Entre las causas incluye un orden social
excluyente y desigual, la debilidad estatal en sus capacidades de intervención económica, social y
sanción a transgresiones a leyes y políticas (impunidad), el abandono rural, la urbanización acelerada y
la descentralización política y fiscal que a veces ha reforzado estructuras autoritarias. Entre los efectos
incluye el aumento de la corrupción y ‘captura’ del sistema político (los poderes ocultos), la violencia
política dirigida contra jueces, políticos, periodistas no corruptos y líderes de organizaciones sociales y
la privatización de la seguridad. Lo que esta autora plantea es que tanto las causas como los efectos
de la violencia tienen relaciones con el poder y la política, por lo que plantea reexaminar el debate al
respecto.
Estado capturado, cooptado y corrupto y la violencia política en la posguerra
Para entender las manifestaciones de violencia política que se pueden encontrar en la
Guatemala actual, hay que considerar algunos procesos de carácter económico y político que son su
marco contextual. Los hechos de violencia tienen causas inmediatas, pero su comprensión requiere
entender procesos de naturaleza histórica. En Guatemala, están conectados a procesos de despojo y
resistencia comunitaria que se pueden rastrear desde la colonia, la reforma liberal y la
contrarrevolución, tanto para los casos de occidente del país, como en los menos conocidos del oriente
(González-Izas, 2014).
Por ejemplo, la quema de la alcaldía de Jocotán en 2010, solo se puede explicar en el contexto
de explotación, discriminación y despojo de la comunidad Ch’orti’ y la desconfianza resultante en las
instituciones estatales. Pero también se deben considerar las causas inmediatas relacionadas a la
acción de los poderes locales, los proyectos de inversores transacionales en el territorio, la violencia e
inseguridad de la región, etc. (Metz y Francesch, 2015).
El cambio en el modelo económico, como señala Rocha (2019), ha tenido un impacto
significativo en el modelo de dominación, lo que es relevante para entender la evolución de la violencia
política en Guatemala. Las industrias extractivas como la minería, el petróleo, la industria energética y
los megacultivos buscan desarrollarse en el país y en territorios concretos, generando posturas
distintas (contrarias y de apoyo) que pueden dividir a las propias comunidades (Nuñez, 2021). La
violencia política del período se debe entender como resultado de la interacción de a) la explotación
de recursos naturales (minerales, petróleo, gas, energía hidroeléctrica, agrocombustibles) por parte de
capitales transnacionales y locales -debido al incremento de la demanda de países emergentes-, b) la
movilizaciones en contra de esa extracción por parte de comunidades campesinas e indígenas que
apelan al derecho indígena, y c) la criminalización de la protesta social del Estado (Bastos, de León,
Rivera, Rodríguez y Lucas, 2015).
Las inversiones multinacionales para la extracción de recursos tienen una larga historia en el
país, como se puede ver en los casos de la United Fruit Company o Exmibal. Más recientemente,
convenios como los del Plan Puebla Panamá y el Tratado de Libre Comercio entre República
Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (CAFTA) forman parte de una estrategia
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económica internacional en el que se incluyen recursos y territorios. Esto produce un campo de
intereses, relaciones y conflictos entre Estados, empresas y comunidades, en las que éstas llevan la
peor parte.
En términos políticos y estatales, la CICIG (2019) señalaba que los Cuerpos Ilegales y Aparatos
Clandestinos de Seguridad (CIACS) lograron capturar, reconfigurar y corromper la mayoría de
entidades del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, muchas municipalidades y órganos de control.
Estas instituciones se utilizan para lograr enriquecimiento o impunidad, pervirtiendo las leyes y políticas
públicas, las elecciones, los partidos políticos y mecanismos de participación y representación. Son
estructuras políticas-empresariales-criminales que usan la institucionalidad para la obtención de
poder, influencia y bienestar indebidos. Dentro de sus acciones, pueden incluir el uso de la violencia y
otras formas de intimidación. La CICIG también propone una tipología operativa de las CIACS, que
provienen de diversos grupos y que muestran la amplitud de actores y de espacios de influencia que
pueden llegar a incluir: a) estructuras de contrainsurgencia, b) ligadas a políticos y grupos de
narcotráfico, c) conformadas por políticos y empresarios, d) locales y regionales, e) que disputan el
organismo judicial, y f) lideradas por élites empresariales.
Tabla 1.
Tres conceptos relacionados a la situación estatal.
Captura del Estado
Reconfiguración cooptada
del Estado
Corrupción estructural
Influencia desproporcionada y
no regulada de grupos de
interés sobre procesos de
toma de decisión pública,
alineamiento de intereses de
élites empresariales y políticas.
Actores ilegales influyen en
procesos públicos legislativos
y judiciales, modifican
instituciones, reglas del juego
social y políticas públicas para
obtener beneficios a largo
plazo y validación política y
legal.
Forma de dominación social
basada en un diferencial de
poder estructural que se
caracteriza por abuso de
poder, impunidad, falta de
participación ciudadana y
apropiación indebida de
recursos. La corrupción se
genera tanto desde lo público
como lo privado.
Fuente: CICIG, 2019.
Desde su establecimiento en 2007, hasta la finalización de su mandato en 2019, la CICIG ayudó
a la implementación de la justicia a través de procesos de investigación y persecución penal,
fortalecimiento institucional, propuestas de políticas públicas y reformas legales, así como la
publicación de informes. Documentó el funcionamiento de redes político económicas ilícitas (RPEI) que
operaban dentro y fuera del Estado. Según muestra Naveda (2019), la CICIG enfrentó una fuerte
oposición de las élites políticas y económicas que finalmente condujo a la no renovación de su
mandato y su salida del país. La desaparición de la CICIG ha influido en el proceso de deterioro legal e
institucional que impide una efectiva aplicación de justicia y el aumento de fenómenos relacionados
con la corrupción e impunidad.
La violencia política actualmente se expresa a partir de mecanismos de criminalización y
persecución judicial, aunque no se excluye el uso de la fuerza física como en el caso de violaciones
sexuales (Salazar, 2022), desalojos (Samayoa, 2009) asesinatos o tortura (ECAP, 2012). Sin embargo, ya
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no muestran las características de la represión utilizada durante el conflicto, Son casos más focalizados
en los territorios y dirigidos contra actores específicos.
2
Se pueden considerar tres expresiones principales de la violencia política en la posguerra. Las
tres pueden variar en el tiempo y el espacio, así como de significado, por lo que deben ser estudiadas
comprendiendo su dinámica cambiante y sus especificidades. Estas tres expresiones son: la ejecución
extrajudicial contra personas estigmatizadas (que suele llamarse ‘limpieza social’), la persecución y
criminalización de los movimientos de defensa del territorio y los recursos naturales y una tercera que
se dirige contra figuras políticas de oposición al régimen o jueces que emiten resoluciones apegadas
a la ley y que afectan los intereses de políticos o empresarios.
Samayoa (2009) analiza dos fenómenos: la ejecución extrajudicial contra personas
estigmatizadas y la dirigida contra el movimiento campesino y su posible correlación con los cambios
en el modelo de producción económica, como parte de la globalización. En el primer caso, se
encuentran personas jóvenes, asociadas a las pandillas o maras. El período que analiza Samayoa es el
comprendido entre 2006 y2008, años en que la violencia homicida se encontraba en aumento (hasta
alcanzar un pico de muertes en 2009).
3
El segundo caso es el de violencia contra integrantes del
movimiento campesino, de identidad maya, concentrados en departamentos con conflictividad agraria
y que defienden su derecho a la tierra y la alimentación. Ambos fenómenos son parte de la violencia
política, en tanto que “son un medio para dominar a otros y establecer o preservar un determinado
orden social y se ejercen específicamente ya sea desde el Estado o con la aquiescencia del mismo”
(Samayoa, 2009, p. 374).
Por su parte, Bastos (2013) muestra que la organización política y reivindicativa del pueblo maya
también ha incidido en los esfuerzos locales de defensa del territorio y de los recursos (minería y agua).
Esta reivindicación que incluye elementos culturales y económicos, ha adquirido mucha fuerza a partir
de la primera década del siglo XXI y se ha apoyado en instrumentos legales como el convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ha logrado aglutinar redes locales y apoyo
internacional, lo que lo ha colocado en choque contra los intereses de grandes compañías nacionales
e internacionales, por lo que ha despertado la respuesta estatal y económica que se traduce en
procesos de criminalización y persecución penal.
Salazar (2022) documenta un caso en el que converge la violencia de Estado y la violencia
contra las mujeres. En enero de 2007, varias mujeres del Barrio Lote 8, El Estor, Izabal, fueron agredidas
sexualmente por miembros de fuerzas del Estado y de seguridad privada, como parte de un proceso
de desalojo que favorecía a la minera Skye Resources INC, de origen canadiense. En este caso se
manifiesta el uso de violencia sexual, física, psicológica, obstétrica, política y económica en contra de
2
Una de las dificultades para hablar de violencia política en el contexto actual es que algunas de sus formas se
encubren a través de los medios legítimos de los que puede echar mano el Estado, como la utilización de los
instrumentos legales e institucionales que operan para perseguir el crimen y buscar justicia: “Si lo hace recurriendo
a métodos que la ley prevé y apegado a las convenciones jurídicas nacionales e internacionales de respeto a los
derechos humanos, el Estado, según la teoría del derecho y la ciencia política, puede recurrir a actos de violencia
que son legales y por ello generalmente considerados legítimos” (Figueroa, 2012, 174).
3
Posteriormente, se registra un descenso de la violencia tanto en términos brutos como de tasas de homicidios
hasta 2020, aunque en 2021 y 2022 se ha registrado un leve incremento (Robles, Mendoza y Morales, 2023).
También la presencia de las maras y su atribución como responsables de la violencia, parece haber disminuido en
el discurso público, por lo que su estigmatización puede ser menos fuerte que en el período estudiado por
Samayoa.
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estas mujeres q’eqchi’ de Izabal, que se oponen a las actividades de extractivismo. Se entrecruzan
aspectos de identidad étnica, estrato social y defensa del territorio. Sin embargo, las mujeres no se
quedan calladas e interponen denuncias contra la minera a nivel internacional en 2011 y en las cortes
guatemaltecas en 2020.
En el año 2007, en el municipio de Barillas, Huehuetenango, se produjo una fuerte movilización
de la población en contra de la minería, que fue expresada en la realización de consultas comunitarias
y organizada por distintas asociaciones como la Asamblea por la Defensa de los Recursos Naturales
(ADH), alcaldías auxiliares, COCODES, etc. Posteriormente, la empresa española Ecoener Hidralia
Energía, formó la subsidiaria Hidro Santa Cruz que, de acuerdo a diversas acusaciones, realizó compras
engañosas de tierras, intimidación y acciones legales contra los opositores a su proyecto hidroeléctrico.
En mayo de 2012, la confrontación hizo que la respuesta del gobierno de Otto Pérez Molina fuera la
militarización de las comunidades (presencia militar y métodos que recordaban a los utilizados durante
el conflicto) y se impuso un Estado de Sitio. Se capturaron a líderes indígenas y campesinos, así como
a activistas en lo que se conoció como ‘caso Barillas’, que demostró la criminalización de la protesta.
La reacción del Estado tuvo efecto en las personas capturadas, pero también en sus familias y la
organización social de la región. La empresa siguió presionando a las comunidades, a las familias y los
activistas, buscando comprar voluntades o amedrentar con amenazas y procesos legales.
Además, lo sucedido en Barillas apunta a otra característica de estos nuevos procesos de
criminalización: el tema de presos políticos como en el caso de Abelino Chub Caal (Dalmaso, 2019),
Bernando Caal Xol (Tristán, 2020) o Ruben Herrera. Este último, fue activista en Huehuetenango,
participó en la Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango (ADH), organización
dirigida a la lucha por la defensa de la tierra y los pueblos indígenas. Se opuso a la hidroeléctrica de
Santa Cruz Barrillas y la empresa española Hidro Santa Cruz lo denunció junto a otros activistas que
fueron capturados en Huehuetenango el 15 de marzo de 2013, aunque posteriormente recupera su
libertad (Hurtado, 2021). Un periodista y activista reflexiona sobre lo ocurrido:
El costo de la resistencia fue grande: centenares de órdenes de captura, docenas de
prisioneros políticos, incluido el propio Rubén, amenazas, divisiones y fragmentaciones de las
comunidades y las organizaciones, en las que cada uno pusimos nuestro (peor) esfuerzo. La
prisión política drenó energías personales y organizativas, aunque la empresa hubo de
abandonar el territorio y, tras jornadas tenaces, los presos políticos recuperaron
mayoritariamente su libertad (Cabanas, 2021, p. 187).
En el caso de campesinos, defensores del territorio y recursos, se producen órdenes de captura
o acusaciones que se dejan abiertas por año, bajo la figura de usurpación agravada. Esta figura,
producto de una modificación al Código Penal, implica que los casos que se señalen con esta figura
sean conocidos de forma inmediata: “La modificación a la ley penal logró que la toma de tierras con
carácter de protesta social sea considerada delito” (Samayoa, 2009, p. 385), lo cual puede leerse desde
la perspectiva de la lucha de clases, como favorecedora de los intereses de las empresas y el capital.
El caso de Barillas y otros que implican la defensa del territorio y los recursos naturales, se
combinan varios factores. Entre ellos, la lógica económica capitalista de obtención de la máxima
ganancia sin regulaciones legales o políticas, la institucionalidad estatal que favorece esos intereses y
una arraigada negación de la capacidad de los pueblos indígenas y las comunidades para decidir sobre
las acciones que influyen en su vida y organización (Bastos, de León, Rivera, Rodríguez y Lucas, 2015).
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Un tercer conjunto de procesos de persecución judicial y de criminalización es el dirigido en
contra de figuras políticas o judiciales que tuvieron una participación en el tema de lucha contra la
corrupción o de casos ligados a la participación de militares en el conflicto armado interno. Desde el
gobierno de Jimmy Morales y durante el gobierno de Alejandro Giammatei, diversas figuras como
fiscales, jueces o periodistas han salido del país como resultado de la persecución política. Solo en el
gobierno de Giammatei han salido unos treinta (López, 2023). El conocido periodista José Ruben
Zamora, director del matutino elPeriódico, fue encarcelado y acusado por lavado de dinero y por
obstrucción de la justicia. Thelma Aldana, ex fiscal general del Ministerio Público, Juan Francisco
Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y el juez Miguel Ángel Gálvez, han
sido hostigados y perseguidos por distintas acusaciones, cuyo fondo apunta a un ajuste de cuentas por
su participación al procesar y juzgar a altas figuras políticas, empresariales o militares. Políticos y
organizaciones relacionadas con los militares como la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) o figuras
de las redes sociales, generan procesos de opinión pública contraria a los perseguidos, en un entorno
de retrocesos y cooptación del sistema de justicia (López, 2023).
Un caso significativo es el de Miguel Ángel Gálvez, quien participó en casos como los del
proceso denominado ‘La línea’ -que involucró al expresidente Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti-, el
juicio por genocidio contra el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt y contra los acusados por el llamado
‘Diario Militar’.
4
Él y otros jueces, han recibido amenazas privadas y públicas (en redes sociales) y han
sufrido procedimientos anómalos que se admiten en tribunales para su enjuiciamiento. Gálvez acumuló
78 denuncias en su contra, de parte de la Fundación Contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal o la
Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA). Jueces con denuncias similares, se han
exiliado como Erika Aifán o han sido suspendidos del cargo como Pablo Xitumul (López, 2022).
La persecución de estos jueces busca eliminar la independencia judicial y las posibilidades de
condena de actores responsables por crímenes de impacto y que las víctimas accedan a la justicia.
Casos que han sido llevados por el juez Gálvez han sido desmontados (Sánz, 2023), lo que apunta a la
finalidad de esta persecución: mantener en impunidad la comisión de delitos cometidos por figuras
relacionadas con los poderes político, económico y militar. Según la atribución de Gálvez, se debe a un
“pacto de intereses privados…a sus ejecutores en el sistema de justicia, pero sobre todo a los militares
que… han vuelto a tomar control de las instituciones de Guatemala y apuntalan el actual pacto de
impunidad” (Sánz, 2023). Miguel Ángel Gálvez en una entrevista afirma que en el país no se puede
hablar (López, 2023).
Esta persecución es un ejemplo de la denominada “reconfiguración cooptada del Estado”
(Garay y Salcedo-Albarán, 2012), que implica la utilización y captura de las instituciones para que, a
partir de prácticas ilegales, se manipulen las reglas del juego y las políticas públicas en función de
intereses criminales. Todas las instituciones parecen caber dentro de este fenómeno: Congreso,
Ministerio Público, Organismo Judicial, cortes de Constitucionalidad, de Apelaciones, Tribunal Supremo
Electoral, Procuraduría General de la Nación.
La sociedad también se ve afectada por el deterioro legal e institucional, así como por el miedo
a la participación social o política. Se produce un proceso de aprendizaje. Hay figuras y crímenes que
no reciben castigo, lo que refuerza la impunidad. Pero hay quienes son perseguidos por sus actividades
4
Vela (2023) considera que la denominación de ‘Diario Militar’ no es adecuada. Considera que el término más
preciso sería ‘Bitácora de operaciones de un escuadrón de la muerte’. Sin embargo, el primer término es el que
prevalece.
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y esto también genera el miedo a la participación. Observar los premios o castigos en los demás,
enseña formas permitidas o prohibidas de actuación (aprendizaje vicario). La impunidad puede enseñar
a los victimarios que es posible ejercer actos violentos o de otro tipo sin sufrir consecuencias, pero
también que las víctimas no pueden esperar justicia, lo que generaliza el temor a la participación.
El conflicto armado dejó efectos como el temor y la inhibición (Garavito, 2003). A esto se suman,
la violencia política actual y otras formas de violencia, que se dirigen contra los grupos que
actualmente se organizan y se refuerza la sensación de impotencia o de desinterés por participar en
acciones reivindicativas. Sobre el potente efecto de inhibición del conflicto, se añaden nuevos castigos
que refuerzan la impunidad y la falta de participación (García, J., comunicación personal).
De esta revisión se puede concluir que, durante el conflicto armado, el Estado utilizó
mecanismos y actores ilegales contra la oposición política, social y el movimiento revolucionario. Lo
que incluyó actores como los escuadrones de la muerte y medios como el secuestro, la tortura, la
desaparición, las ejecuciones extrajudiciales y las matanzas como mecanismos de represión. En la
posguerra, si bien se mantienen hechos como la tortura (ECAP, 2012) y el asesinato extrajudicial, el
Estado combina medios de coacción legales (o con apariencia de legalidad) como la criminalización y
la persecución judicial. Esto permite señalar que la intensidad y extensión de la violencia política es
distinta de acuerdo al nivel de confrontación social.
Incluso medidas como el estado de excepción tienen un uso diferente en ambos períodos. En
el caso del conflicto, hay un largo estado de excepción que coincide con el período de mayor violencia
(Mazariegos, 2009). En tanto que, en la posguerra, el uso del estado de excepción no ha sido tan
extensos en el tiempo y tan generalizados en el territorio, sino en espacios y períodos mucho más
focalizados. Por supuesto que la medida se ha prestado a abusos, pero en una escala menor que
durante el conflicto. De manera gruesa, se pueden proponer algunas diferencias significativas en
ambos períodos
Tabla 2.
Características de la violencia política en dos períodos en Guatemala
Posguerra
Fuerzas de seguridad y actores
privados (mercenarismo
corporativo).
Criminalización y persecución
judicial, contemplados en
normativos legales. Captura de
instituciones de justicia. Tortura
y asesinatos extrajudiciales.
Persecución de actores que se
oponen a intereses
económicos y políticos como
defensores del territorio,
Derechos Humanos, jueces y
políticos de oposición.
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El uso de la violencia política por parte del Estado contrainsurgente y del Estado capturado,
cooptado y corrupto es distinto. Sus expresiones han cambiado. Ya no existe un clima de
insubordinación que amenace la continuidad estatal, debido al reto del movimiento guerrillero y el
movimiento social y popular, dentro de un clima de ‘guerra fría’. Esto no significa que la violencia
política haya desaparecido. Puede regresar a formas abiertas y contrarias a la naturaleza del Estado de
derecho. Pero al ejercicio abiertamente ilegal o en combinación, aparece una efectiva captura de las
instituciones de justicia.
Otras formas de control social
La violencia política se dirige en contra de distintos actores sociales, pero como no existen
procesos de desafío similares a los del movimiento guerrillero, al movimiento social y popular que lo
respaldó o la insubordinación indígena del período 1978-1982, no existe una respuesta estatal violenta
igual en extensión y profundidad. Además de un uso más focalizado de la violencia política, las formas
de dominación y el control social parecen sostenerse a través de distintas vías. La dominación sostiene
las relaciones políticas y económicas que concentran privilegios y poder en una minoría y mantienen
la exclusión y desigualdad en una mayoría heterogénea (pero que comparte posiciones de desventaja
y subordinación). Es funcional a la perpetuación de relaciones injustas.
A continuación, se presentan algunos de estos mecanismos de dominación, cuyas raíces,
expresiones y escalas son muy distintas, desde lo global a lo local, de lo social a lo subjetivo. Son un
conjunto heterogéneo de factores económicos, políticos y psicosociales que contribuyen a mantener
el control social. El orden de presentación va de lo más material y objetivo a lo más subjetivo, aunque
convergen en el control de la acción de las personas y grupos.
5
En primer lugar, hay aspectos de la reproducción material que tienen como efecto el control
social de la población. Las personas necesitan invertir entre un 50 y 100% más del tiempo de la jornada
de trabajo legalmente establecida. Además, se necesitan desplazamientos múltiples y gravosos para
poder subsistir (Gutiérrez, 2017). Es la forma específica en que en la periferia se produce una sociedad
del cansancio (Han, 2012). En una entrevista, el psicólogo cubano Mario Colli señalaba que, en
Guatemala, la gente trabaja mucho por conseguir los bienes materiales, dejando de lado otros
aspectos como la formación (Unidad de Investigación Profesional, 2021). También es conocida la alta
inversión de tiempo que requiere el desplazamiento del hogar al lugar de trabajo en el departamento
de Guatemala. Como efecto, se tiene que las personas no pueden dedicar (o les sea más difícil) tiempo
a la participación política o la reivindicación de sus derechos.
También las distintas formas de violencia impiden la participación en procesos de organización
política. En general, aspectos tan normales y cotidianos como salir de la casa, transitar o pasear en
espacios públicos, se restringen debido a la violencia y la inseguridad: “la presión que ejercen para el
confinamiento de la gente en sus casas, la demostración palpable de que se cede el espacio público
y la sociabilidad” (Mariano, 2015, p. 32). Ante las múltiples manifestaciones de violencia, se generan
respuestas de tipo pasivo y traumático, que buscan la autoprotección (Mackenbach y Maihold, 2015).
5
Cada una de estas formas de dominación requeriría de un estudio más específico. Es parte de lo que se propone
como objetivo de la línea de investigación ‘Violencia política y nuevas formas de control social en la Guatemala
del siglo XXI’
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Sandoval (2016) propone que la ‘corrupción estructural’ también es una forma de dominación.
Parte de la idea que dos problemas metodológicos para el estudio de la corrupción son a) la creencia
que es un problema exclusivo del gobierno y el sector público, y b) que es un comportamiento
individual. Por el contrario, lo que propone es que la corrupción estructural es una forma específica de
dominación que incluye tres elementos: un diferencial de poder estructural que privilegia el abuso de
poder, la impunidad de las altas esferas del poder (incluidas las del sector privado) y la exclusión
ciudadana. Se acumulan poder y privilegios, se impide a otros sectores el acceso al poder, la justicia y
la representación y se afectan las relaciones Estado, mercado y sociedad a las que les falta regulación.
Se comete un doble fraude: económico financiero y electoral político. Esta corrupción apuntala las
relaciones de poder existentes en la sociedad, permite el enriquecimiento de oligarquías y grupos
económicos privilegiados y perpetúa en el poder a los operadores de esos sectores. Este enfoque
parece describir bastante bien lo que sucede en el caso guatemalteco, especialmente después de la
salida de la CICIG en 2019.
La sociedad actual acentúa ciertos rasgos como el individualismo, el consumismo y el
hedonismo. Estas características orientan las expectativas y los estilos de vida, incluso al nivel más
íntimo. Rose (2019) investiga las formas en que se produce el gobierno de las personas en nombre de
la libertad y la autorrealización (fomentado en buena medida por las ciencias ‘psi’) y considera que el
self se convierte en su propia empresa. Bauman (2007) plantea que, en la sociedad del consumo, el
producto que se vende es el propio consumidor, o como propone Han (2012) el sujeto se autoexplota.
Estas diversas perspectivas tienen un punto en común: el control social se realiza a través de ciertos
mecanismos de producción de sujetos y de su participación en actividades como el consumo o el uso
de la tecnología. Debido a procesos económicos de carácter global, el mercado laboral es precario,
por lo que se necesita un self flexible, que se adapte tanto a la desprotección como al soporte estatal
y social disminuido.
Existe una creciente economización de todos los sectores de la vida (política, religión, estética),
que también afecta la subjetividad: las relaciones con uno mismo (pensamientos, acciones, creencias)
y las relaciones con otros (acciones, afectos, creencias, pensamientos). Produce una forma de vida que
reduce la subjetividad a los aspectos económicos y coloniza y privatiza al self. Esto produce problemas
y patologías, así como también es clave en el mecanismo de dominación (Dobles & Arroyo, 2022).
No es solo un asunto de refuerzos, de aprendizajes, de adaptación, de apropiación o de
internalización, sino… un proceso de sutura, en que los sujetos se tejen a sí mismos en un
sistema mayor, experimentando también, de esta manera, una especie de “agencia”, y creando
toda suerte de paradojas. Esta sutura permite a los sujetos encarnar una forma neoliberal de
subjetividad, teniendo al mismo tiempo acceso a los frutos del neoliberalismo, con sus “afectos
alegres”, y, claro está, sus mecanismos “alegres” de dominación (Dobles y Arroyo, 2020, p. 182).
Además, el modelo económico responsabiliza a la persona y se ocultan los mecanismos
políticos, sociales, económicos que favorecen la dominación. La dominación produce esquemas,
pensamientos y percepciones que se reproducen en los dominados como actos de sumisión o de
“reconocimiento” (Bordieu, 2000). Tanto el éxito como el fracaso, son atribuidos a la responsabilidad
del individuo, ocultando las condiciones socioeconómicas y políticas que sostienen las posibilidades
de realización.
Un aspecto específico es el de la tecnología y las redes sociales. Puede tener muchos usos y
efectos. Pero un problema es el tiempo que se dedica a estas actividades y que interfiere en
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actividades como la educación, las relaciones familiares o el trabajo. Aunque puede servir para
convocar a manifestaciones como en la llamada ‘primavera árabe’, en las jornadas de protestas de 2015
en Guatemala, su uso se centra en otros fines como el contacto con amigos (Del Barrio & Fernández,
2014).
Tabla 3
Mecanismos de control social y efectos.
Mecanismos de control social
Efectos
Horarios extensos de trabajo y desplazamiento
Inversión de tiempo para reproducción material,
sin tiempo y energía para otras actividades.
Violencias múltiples, incluyendo expresiones
actuales de violencia política
Miedo y desconexión de la comunidad
Consumismo y hedonismo
Sujetos orientados narcisísticamente
Violencia simbólica
Interiorización de la culpa y responsabilización
exclusivamente individual de resultados
Uso de redes sociales
Inversión de tiempo
Conclusiones
Durante el conflicto armado en Guatemala, una consigna que se coreaba en reuniones y
manifestaciones callejeras era la de ‘A mayor represión, mayor organización’. Expresaba el
convencimiento de muchas personas de continuar en la oposición, pese a la violencia política. Sin
embargo, se podría decir que la lógica represiva es la contraria: ‘A mayor organización, mayor
represión’. Parece existir una relación directa entre ambas variables. Si una sube, la otra también lo
hace. Dicho en otras palabras, la represión se ajusta a la insubordinación existente.
La disminución de la violencia política se debe a que no existe una oposición generalizada al
sistema político, sino oposiciones más focalizadas. Por tanto, los procesos de represión no tienen que
ser generalizados, sino dirigidos a los actores que manifiestan su rechazo y oposición. En una sociedad
fragmentada, la criminalización y judicialización son efectivos a la hora de desarticular la oposición. No
obstante, los sectores perseguidos pueden lograr un trabajo de apoyo de otros actores, por ejemplo,
cooperación internacional, lo que les permite recursos y defensas contra la criminalización.
Causas, efectos, actores, objetivos y sentidos de la violencia política son distintos en el conflicto
y en la actualidad. Si en el conflicto armado interno se expresó a través de la represión estatal que
incluyó asesinatos, secuestros, desapariciones, violaciones de manera sistemática y extensa en contra
del movimiento guerrillero y la oposición política y social, durante el período de la posguerra se ha
expresado como criminalización y persecución judicial a activistas de Derechos Humanos y
movimientos sociales, defensores del territorio. Esto no excluye formas abiertas de represión de la
disidencia, pero sí se registra una disminución en relación al conflicto. Hay que reconocer que existe
toda una generación que ha crecido y vivido en democracia, sin conocer la experiencia sistemática de
la violencia estatal y la guerra (Torres-Rivas, 2009), aunque existe una dificultad real de construir un
Estado de Derecho y una democracia que funcione, reduzca las desigualdades y la pobreza.
Mientras que la violencia política ha disminuido, otras formas de control social que apelan a la
reproducción material, al miedo o a ciertos aspectos íntimos del sujeto, han aumentado. Entre ellas se
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https://doi.org/10.57247/riec.vi6.120
encuentran aspectos políticos, materiales y subjetivos que son menos abiertos, pero muy efectivos a
la hora de ejercer el control o inhibir las disidencias.
Referencias
Bauman, Z. (2007). Vida de consumo. Fondo de Cultura Económica.
Bastos, S. (2013). La emergencia de los pueblos indígenas como actores políticos. Los mayas en
Guatemala: la construcción de un actor y una acción política. En Álvarez, V., Figueroa, C.,
Taracena, A., Tischler, S., Urrutia, E., eds. Guatemala: historia reciente (1954-1996). Tomo III Pueblos
indígenas, actores políticos, pp. 59-103. Flacso-Guatemala.
Bastos, S., de León, Q., Rivera, N., Rodríguez, D. y Lucas, F. (2015). Despojo y represión en Santa Cruz
Barillas. En Camus, M., Bastos, S. y López, J. Dinosaurio reloaded. Violencias actuales en
Guatemala, pp. 271-302. Flacso-Guatemala/ Fundación Constelación.
Bordieu, P. (2000). La dominación masculina. Editorial Anagrama, S.A.
Cabanas, A. (2021). Recordar a Rubén Herrera. En Herrera, R. ¿Cómo olvidar a las memorias olvidadas?
Apuntes necesarios para la historia del MRP-Ixim, pp. 187-189. Serviprensa.
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (2019). Guatemala: un Estado capturado.
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999) Guatemala Memoria del Silencio. Tomo I. Mandato y
procedimiento de trabajo. Causas y orígenes del enfrentamiento armado interno. Oficina de
Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas.
Dalmaso, S. (27 de abril de 2019). Abelino Chub Caal, el líder que no tuvo miedo. Plaza Pública.
https://www.plazapublica.com.gt/content/abelino-chub-caal-el-lider-indigena-que-no-tuvo-
miedo
Del Barrio, A. y Fernández, I. (2014). Los adolescentes y el uso de las redes sociales. INFAD Revista de
Psicología, 1(3), pp. 571-576. http://dx.doi.org/10.17060/ijodaep.2014.n1.v3.537
Dobles, I. & Arroyo, H. (2020). Neoliberalismo y afectos. Arlekín editorial.
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (2012). La tortura en Guatemala. Prácticas del
pasado y tendencias actuales. Guatemala: Equipo de Estudios Comunitarios y Acción
Psicosocial/ F&G Editores.
Feierstein, D. (2008a). Seis estudios sobre genocidio. Análisis de las relaciones sociales: otredad, exclusión,
exterminio. Ediciones del Puerto.
Feierstein, D. (2008b). El genocidio como práctica social. Entre el nazismo y la experiencia argentina.
Fondo de Cultura Económica de Argentina, S.A.
Figueroa, C. (2012). Genocidio y terrorismo de Estado en Guatemala (1954-1996): Una interpretación. En
Figueroa, C., Tischler, S., Taracena, A., Álvarez, V., y Urrutia, E. eds. Guatemala: Historia reciente
(1954-1996) Tomo I Proceso político y antagonismo social, pp. 169-198. FLACSO.
Garay, L. y Salcedo-Albarán, E. (2012). Redes ilícitas y reconfiguración de Estados. El caso Colombia.
Fundación Vórtex/ Centro Internacional para la Justicia Transicional.
González, M. (2022). Psicología política en Guatemala: recorridos y perspectivas. En: González, M.,
coord., Psicología en Guatemala. Campos, corrientes y colectivos. Escuela de Ciencias
Psicológicas.
González-Izas, M. (2014). Territorio, actores armados y formación del Estado. Cara Parens.
González-Izas, M. (2016). El fenómeno de la violencia urbana en Guatemala. Flacso Guatemala.
Gutiérrez, E. (2017). Actores y contextos de la crisis política de 2015. En Instituto Nacional Demócrata.
Transformaciones de la cultura política en Guatemala. Lecturas de la crisis de 2015. Instituto
Nacional Demócrata.
Guzmán-Böckler, C. (2019). Colonialismo y revolución. Catafixia Editorial.
80
No.6 Enero-Diciembre 2023
ISSN 2958-1648
Psicogt.org/index.php/riec
Escuela de Ciencias
Psicológicas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
https://doi.org/10.57247/riec.vi6.120
Han, B. (2012). La sociedad del cansancio. Editorial Herder.
Hurtado, J. (2021). Mi homenaje al Chino Herrera. En Herrera, R. ¿Cómo olvidar a las memorias olvidadas?
Apuntes necesarios para la historia del MRP-Ixim, pp. 177-179. Serviprensa.
Krujit, D. (2015). La degeneración de la violencia en América Latina: contextos, actores y situación actual.
En Mackenbach, W. y Maihold, G. La transformación de la violencia en América Latina, pp. 25-56.
F&G Editores.
Kurtenbach, S. (2015). El lado político de la “violencia a-política”. En Mackenbach, W. y Maihold, G. La
transformación de la violencia en América Latina, pp. 57-86. F&G Editores.
López, J. (11 de noviembre de 2022). “No se puede quedar uno en Guatemala en estas condiciones”.
elFaro.net https://elfaro.net/es/202211/centroamerica/26464/%E2%80%9CNo-se-puede-
quedar-uno-en-Guatemala-en-estas-condiciones%E2%80%9D.htm.
Mackenbach, W. y Maihold, G. (2015). La transformación de la violencia en América Latina, un debate
interdisciplinario. En Mackenbach, W. y Maihold, G. La transformación de la violencia en América
Latina, pp. 1-24. F&G Editores.
Mariano, L. (2015). Violencias de ayer, violencias de hoy: lógicas y sentidos culturales del
desbordamiento en la Guatemala contemporánea. En Camus, M., Bastos, S. y López, J. Dinosaurio
reloaded. Violencias actuales en Guatemala. Flacso-Guatemala/ Fundación Constelación.
Mazariegos, J. (2009). La guerra de los nombres. Una historia de Rebelión, el Genocidio y el ojo del
poder soberano en Guatemala. En: AVANCSO. Glosas nuevas sobre la misma guerra. Rebelión
campesina, poder pastoral y genocidio en Guatemala (1-68). AVANCSO.
Metz, B. & Francesch, A. (2015). Llamas de inseguridad en el oriente de Guatemala: Megaproyectos y la
quema de la municipalidad de Camotán. En Camus, M., Bastos, S. y López, J. Dinosaurio reloaded.
Violencias actuales en Guatemala, pp. 247-269. Flacso-Guatemala/ Fundación Constelación.
Naveda, E. (10 de octubre de 2019). Iván Velásquez: “En casa Bosch me dijeron que habían aprendido
la lección y que esto tenía que parar”. Plaza Pública.
https://www.plazapublica.com.gt/content/ivan-velasquez-en-casa-de-bosch-me-dijeron-
que-habian-aprendido-la-leccion-y-que-esto-tenia
Nuñez, D. (2021). Comunidades q’ueqchi’ frente al cambio: miseria, pragmatismo y nuevas formas de
gobernanza. Editorial Cara Parens.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (1998) Guatemala Nunca Más. Tomo I. El impacto de la
violencia. ODHAG.
Payeras, M. (1987). El trueno en la ciudad. Episodios de la lucha armada urbana de 1981 en Guatemala.
Juan Pablos Editor.
Robles, M., Mendoza, C., y Morales, G. (2023). Informe sobre la violencia homicida en Guatemala.
Asociación Civil Diálogos.
Rocha, J. (2020). El capitalismo globalizado que se instala en la Guatemala del siglo XXI. En: Instituto de
Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales. Perfil sobre dinámicas
globales y territoriales: desequilibrios (pp. 1-103). Cara Parens.
Rose, N. (2019). La invención del sí mismo. Poder, ética y subjetivación. Pólvora editorial.
Ruggiero, V. (2009). La violencia política. Un análisis criminológico. Anthropos/ Universidad Autónoma
Metropolitana Unidad Azcapotzalco.
Sáenz, R. (2020). Prólogo. En Ovalle, L. Historias y anécdotas guerrilleras, pp. 7-17. Edición del autor.
Salazar, M. (2022). “¿A cuenta de qué deben ser ellas las que carguen con el estigma?”. Extractivismo y
violencia por razones de género en contra de las mujeres, el caso del Barrio Lote Ocho de El
Estor, Izabal. En González, M. coord. Psicología en Guatemala. Campos, corrientes y colectivos, pp.
214-257. Escuela de Ciencias Psicológicas.
81
No.6 Enero-Diciembre 2023
ISSN 2958-1648
Psicogt.org/index.php/riec
Escuela de Ciencias
Psicológicas de la Universidad
de San Carlos de Guatemala
https://doi.org/10.57247/riec.vi6.120
Samayoa, C. (2009). Violencia y estigma: ¿viejas o nuevas modalidades de ejercicio del poder en el
contexto de la globalización? En López, J., Bastos, S. y Camus, M. Guatemala violencias
desbordadas, pp. 367-391. Servicio Publicaciones de la Universidad de Córdoba.
Sandoval, I. (2016). Enfoque de la corrupción estructural: poder, impunidad y voz ciudadana. Revista
mexicana de sociología, 78, pp. 119-152.
Sanz, J. (10 de abril de 2023). “Con el caso Diario Militar entendí que Guatemala está diseñada para la
impunidad”. elFaro.net. https://elfaro.net/es/202303/centroamerica/26794/con-el-caso-
diario-militar-entendi-que-guatemala-esta-disenada-para-la-impunidad.
Taracena, L. (2009). Las violencias desbordadas. Un epílogo. En López, J., Bastos, S. y Camus, M.
Guatemala violencias desbordadas, pp. 393-415. Servicio Publicaciones de la Universidad de
Córdoba.
Thomas, M. (2013). La gran confrontación: el segundo ciclo revolucionario 1972-1983. En: Álvarez, V.,
Figueroa, C., Taracena, A., Tischler, S. y Urrutia, E. Guatemala: historia reciente (1954-1996). Tomo
II. La dimensión revolucionaria, pp. 121-198. FLACSO.
Torres-Rivas, E. (2009). Prólogo. Siete puntos para introducir la lectura de este libro. En Krujit, D. Guerrilla:
guerra y paz en Centroamérica., pp. 21-27. F&G Editores.
Torres-Rivas, E. (2011). Revoluciones sin cambios revolucionarios. F&G Editores.
Tristan, R. (04 de abril de 2020). “Criminalizar es la forma en la que Guatemala persigue a los pueblos
indígenas”. EL PAÍS. https://elpais.com/planeta-futuro/2022-04-05/criminalizar-es-la-forma-
en-la-que-guatemala-persigue-a-los-pueblos-originarios.html
Unidad de Investigación Profesional (2021). Entrevista al Dr. Mario Colli Alonzo. Debemos aprender a
escucharnos sin pelear. Revista de Investigación de la Escuela de Ciencias Psicológicas, 4, pp. 169-
185.
Vela, M. (2005). Guatemala, 1954: las ideas de la contrarrevolución. Foro Internacional, XLV (1), pp. 89-
114.
Vela, M. (2023). Guatemala, el país de los desaparecidos. Prometeo editores/ Ediciones Ibero.
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